Un proyecto de ley que ampliaría la protección contra el acoso sexual para los trabajadores del gobierno de Nueva York fue aprobado recientemente por el Senado estatal. Si se convierte en ley, el proyecto cerraría una laguna clave en la normativa vigente para proteger a aquellos empleados que trabajan más estrechamente con los legisladores.
En concreto, el proyecto de ley ampliaría las protecciones existentes contra el acoso para incluir a “los gobernadores, los jueces y los legisladores”. Actualmente, los trabajadores que se consideran “personal de apoyo” No tienen el mismo nivel de protección que otros empleados ejecutivos, legislativos y judiciales. El patrocinador de la iniciativa, el senador Andrew Gounardes, llama a esta laguna una “evident excepción”. Como saben nuestros lectores de Nueva York, esta iniciativa se produce mientras el gobernador Andrew Cuomo se encuentra bajo investigación por presunta agresión sexual contra miembros del personal.
Otros mecanismos de lucha contra el acoso en la legislación gubernamental
Gounardes patrocinó un proyecto de ley relacionado que también fue aprobado por el Senado. Este proyecto de ley afectaría el lenguaje de los acuerdos de conciliación con los trabajadores del gobierno que presentan demandas judiciales. acoso sexual. Actualmente, dichos acuerdos suelen impedir que el trabajador vuelva a trabajar en la misma entidad gubernamental. La segunda ley de Gounardes prohibiría estas cláusulas. Una tercera ley duplicaría el plazo de prescripción para presentar una demanda por acoso sexual, de tres a seis años.
Puede tomar medidas contra el acoso sexual
Una de las razones por las que el acoso sexual sigue siendo un problema es que muchos trabajadores que lo padecen sienten que no pueden hacer nada al respecto. Pueden trabajar en un lugar que no fomenta la denuncia del acoso a la dirección —o quizás el propio director esté cometiendo el acoso—. Los empleados pueden sentirse impotentes en estas situaciones, pero en Nueva York los empleados no están en esa situación. Tienen derecho a demandar por daños y perjuicios en los tribunales y a ayudar a impedir que se vuelva a producir este tipo de conducta abusiva contra ellos o contra cualquier otro empleado.
