Los acreedores con sentencias judiciales suelen sentirse desanimados cuando escuchan que la empresa que les debe dinero ha dejado de existir. Afortunadamente, la legislatura estatal ha aprobado leyes que prohíben a los deudores corporativos realizar ciertas transacciones que impliquen a los propietarios y accionistas de la empresa una vez que se haya presentado una demanda contra la empresa. Si un “interno” de la empresa participa en tal transacción, esto puede abrir la puerta para que los acreedores responsabilicen a los propietarios individuales de acuerdo con la sentencia dictada contra la entidad corporativa. En este post, examinamos estas disposiciones de la Ley de Deuda y Acreedor (“DCL”) que crearon el concepto de fraude constructivo para recuperar bienes fraudulentos.
Transacciones fraudulentas
Una transferencia fraudulenta ocurre cuando un deudor, a menudo un demandado en una demanda o un deudor de una sentencia, transfiera sus activos a un tercero relacionado con el deudor o afiliado a él cuando la transferencia se realiza fuera del ámbito de las prácticas comerciales habituales del deudor. A diferencia del fraude real, que requiere intención, muchas transferencias fraudulentas son fraudes constructivos, lo que significa que la acción misma constituye un fraude independientemente de la intención del actor. Aunque existen muchos ejemplos de conductas que podrían considerarse transferencias fraudulentas, proporcionaremos ejemplos de algunos escenarios comunes y mostraremos cómo los acreedores pueden utilizar este tipo de reclamación para cobrar una sentencia contra los propietarios individuales, los accionistas o las entidades afiliadas de un deudor de una sentencia judicial, incluso si el propio deudor ha dejado de existir.
Como ejemplo, un acreedor puede comprobar, al revisar los registros bancarios del deudor, que la empresa emitió un gran cheque a una entidad con los mismos propietarios que la empresa que no pudo seguir adelante. Si el cheque fue emitido después de que se presentó la demanda, esto podría constituir fraude constructivo, lo que permitiría al acreedor demandar no solo contra la otra entidad sino también contra los propietarios comunes, aunque el deudor ya no esté en funcionamiento.
De manera similar, un acreedor puede descubrir pruebas de que el deudor corporativo realizó pagos con cargo al préstamo a un accionista durante la tramitación de una demanda contra la empresa. Dado que los accionistas, como grupo, se consideran parte interesada de la empresa, se considera fraude constructivo que reciban pagos preferenciales por sus deudas mientras otros acreedores no reciben nada.
Otro ejemplo de fraude y una práctica común para cerrar empresas es hacer una distribución no programada de activos a los accionistas, fuera de cualquier salario regular o salario que pueda ser pagado legalmente. Cuando una empresa se vuelve insolvente al distribuir o disponer de sus activos de otra manera, dicha conducta puede dar lugar a una reclamación por desplazamiento fraudulento o transferencia fraudulenta bajo la DCL. En tal situación, los acreedores del deudor condenado en el sentencia de liquidación pueden demandar a los propietarios y afiliados del deudor condenado para cobrar el sentencia judicial.
Tenir una reclamación o una sentencia en contra de una empresa que parece que ya no está en funcionamiento no significa que toda la esperanza haya desaparecido. Incluso si cree que tiene una sentencia o una reclamación sin valor, siempre vale la pena consultar con un abogado cualificado para ver qué pasos se pueden tomar para cobrar la deuda.
