Entre los casos que la Corte Suprema de los Estados Unidos está resolviendo en este período de sesiones se encuentran tres casos consolidados relativos a la jornada laboral. En cada caso, un empleador exigió a sus empleados que suscribieran acuerdos de arbitraje y renunciaran a su derecho a presentar demandas colectivas contra el empleador. Si bien estos tipos de acuerdos son comunes, se cree ampliamente que muchos más empleadores utilizarían esas renuncias si la Corte Suprema determinara que son legales.

Un portavoz de la Society for Human Resources Management (SHRM) comentó que los empleadores estarían “locos” si no utilizaban estas exoneraciones, y señaló los beneficios que el arbitraje puede ofrecer a ambas partes. En una situación ideal, el arbitraje ofrece un foro neutral donde las disputas pueden resolverse más rápidamente y con menores costos que los procesos judiciales en los tribunales.

Los opositores a la arbitraje obligatorio sostienen que la mayoría de los beneficios del arbitraje recaen en los que cuentan con más recursos. Las acciones colectivas permiten que personas con pocos recursos se unan para contratar un equipo jurídico equivalente al que podría reunir un oponente más rico. Los empleados que presentan quejas individuales en el arbitraje también pueden ser objeto de represalias, mientras que los empleadores pueden tener más dificultades para represalia contra toda una clase de empleados.

Además, los árbitros no pueden ser estrictamente neutrales cuando se examinan una serie de casos presentados por particulares contra la misma gran empresa. La gran empresa se convierte, de hecho, en un cliente recurrente lucrativo para el árbitro. Finalmente, las partes en un arbitraje normalmente no pueden recurrir contra la decisión, lo cual podría ser importante si las reclamaciones similares se resuelven de manera diferente en arbitrajes distintos.

“Los trabajadores tienen el derecho fundamental a unirse para iniciar acciones legales contra sus empleadores y exigirles que rindan cuentas si violan los derechos de sus empleados y infringen la ley’, dijo un portavoz del Centro Nacional de Derecho Laboral.

Los que impugnan las cláusulas de arbitraje obligatorio ante el alto tribunal argumentan que la Ley Nacional de Relaciones Laborales, aprobada en 1935, prohíbe las renuncias a acciones colectivas en los contratos laborales. Según el portavoz del SHRM, esto es crucial porque la Corte Suprema ya ha dictaminado que la Ley Federal de Arbitraje, aprobada en 1925, favorece el arbitraje a menos que otra ley aplicable exprese claramente la intención del Congreso de lo contrario.

Cada uno de los tres casos involucra presuntas violaciones de la Ley de Normas Laborales Justas por parte de los empleadores. Esto no debería sorprender, ya que los casos relacionados con salarios y horas de trabajo son uno de los tipos de casos más comunes presentados como demanda colectiva. En tales casos suelen presentarse reclamaciones de clasificación incorrecta, como cuando un empleador clasifica erróneamente a los empleados como exentos de la Ley de Normas Laborales, lo que les impide recibir sueldo por horas extras. En otros casos, los empleados son clasificados incorrectamente como contratistas independientes, lo que limita su acceso a las protecciones laborales y beneficios.

El tribunal superior escuchó argumentos orales sobre el asunto el 2 de octubre. No se ha fijado fecha para la publicación del dictamen final.